Cuando un Estado viola el derecho internacional, ¿quién lo llama a rendir cuentas? La respuesta corta es: depende. El sistema internacional no tiene un tribunal penal único para Estados ni una policía que ejecute sentencias. Pero sí tiene, desde 1945, un órgano judicial principal de las Naciones Unidas cuyo nombre la mayoría conoce y cuyo funcionamiento casi nadie entiende: la Corte Internacional de Justicia.
La CIJ tiene su sede en el Palacio de la Paz, en La Haya. Está compuesta por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad para mandatos de nueve años, con renovación escalonada. Ningún Estado puede tener más de un nacional entre los jueces. En la práctica, la composición tiende a reflejar la distribución geopolítica de las grandes potencias, lo que es tanto una garantía de representatividad como una fuente permanente de tensión política.
El problema del consentimiento
La CIJ solo puede conocer un caso si los estados involucrados han aceptado su jurisdicción. No hay comparecencia obligatoria. Este es el principio de consentimiento, y es la razón por la que muchos casos que "deberían" llegar a la Corte nunca llegan. Los estados pueden aceptar la jurisdicción de tres maneras: mediante declaración unilateral bajo la cláusula opcional del Estatuto, mediante tratados que incluyan una cláusula de solución de controversias que remita a la CIJ, o mediante acuerdo especial para un caso concreto.
Esto explica por qué Estados Unidos, que se retiró de la jurisdicción compulsiva en 1986 tras el fallo en el caso Nicaragua c. Estados Unidos, no puede ser arrastrado ante la Corte contra su voluntad. Y por qué China, Rusia y otras potencias tienen un margen considerable para esquivar la jurisdicción cuando les conviene.
La CIJ tiene autoridad moral y jurídica considerable, pero no tiene alguacil. La ejecución de sus fallos depende, en última instancia, del Consejo de Seguridad, donde las potencias permanentes tienen derecho de veto.
¿Qué puede hacer la CIJ?
La Corte tiene dos funciones principales. La contenciosa, que resuelve disputas entre estados, y la consultiva, que emite opiniones jurídicas a pedido de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad u otros organismos de la ONU. Las opiniones consultivas no son vinculantes, pero tienen un peso político y jurídico considerable: la opinión de 2004 sobre el muro israelí en Cisjordania y la de 2023 sobre las obligaciones de los estados frente al cambio climático son ejemplos de cómo una opinión puede moldear el debate internacional.
En materia contenciosa, los fallos son definitivos y vinculantes para las partes. No hay apelación. Pero el cumplimiento es voluntario en la práctica: cuando Nicaragua ganó su caso contra Estados Unidos en 1986, Washington simplemente ignoró el fallo. No es la norma, pero tampoco es una excepción tan rara como se suele presentar.
Casos recientes que vale conocer
En los últimos años, la CIJ ha tenido en su docket casos de enorme relevancia. Sudáfrica presentó en diciembre de 2023 una demanda contra Israel por presunto genocidio en Gaza bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En enero de 2024, la Corte ordenó medidas provisionales, aunque sin ordenar un cese al fuego inmediato. El caso de fondo sigue en curso.
Ucrania presentó demandas contra Rusia —tanto ante la CIJ como ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar— desde 2022. La CIJ ordenó a Rusia suspender sus operaciones militares en medidas provisionales que Moscú desatendió. Estos casos ilustran tanto el alcance como los límites estructurales de la Corte: puede decir qué dice el derecho; no puede obligar a los poderosos a cumplirlo.
Por qué sigue importando
A pesar de sus limitaciones, la CIJ cumple funciones que no deben subestimarse. Construye jurisprudencia de derecho internacional consuetudinario que influye en cómo los estados interpretan sus obligaciones. Proporciona un foro neutral donde las disputas pueden encauzarse sin escalar a conflictos. Y crea registro: los estados que incumplen sus fallos pagan un costo reputacional que, en el largo plazo, tiene consecuencias reales sobre su capacidad de construir alianzas y acceder a financiamiento internacional.
La CIJ no es el tribunal supremo del mundo. Es, en cambio, el espejo más claro que el sistema internacional tiene de sí mismo: refleja tanto lo que el derecho puede hacer como lo que la política le impide hacer. Entenderla es entender los bordes del orden internacional.
Datos de composición y estadísticas de casos según el sitio oficial de la Corte Internacional de Justicia (icj-cij.org). Las referencias a casos específicos corresponden a documentos públicos disponibles en el registro de la Corte.